PROGRAMAS RADIALES - 17 de Enero 2009

17-01-09 Luz+Luz

 

Usurpada Suprema Corte pavimenta la teocracia imperante por medio del llamado derecho divino desconociendo que el Poder del Estado emana de la soberana voluntad del pueblo que constituye la democracia

 

Hoy, cuando ya casi arribamos al final de la primera década del siglo XXI, resulta chocante y necio que se recurra a las ideas religiosas para explicar, comprender, resolver o analizar los problemas, en particular, los relacionados con el extenso campo de lo histórico-social, es decir, aquellos que tienen que ver con el desarrollo, desenvolvimiento y evolución de las sociedades humanas; como serían, por ejemplo, los asuntos concernientes al Estado, a las naciones y sus vicisitudes, sean estas económicas, culturales, militares, políticas, de supervivencia, incluyendo los fenómenos de la justicia, el derecho, la constitucionalidad, la democracia, la violencia social, entre otros. Cuando la experiencia acumulada por la humanidad, que es sintetizada o compendiada en las ciencias naturales y las ciencias sociales, ha dejado diáfanamente demostrado y en claro que, así como el mundo que nos rodea, con toda la diversidad infinita de manifestaciones que tiene que es a lo que se le llama Naturaleza, no fue creado por dios o cualquier otra cosa por el estilo, si no que es la consecuencia de la evolución ininterrumpida de la materia; también ha sido sin la intervención de agente alguno ajeno a la humanidad, llámese dios, creador, inteligencia superior o como se le quiera llamar, que el hombre ha llenado sus necesidades hasta el presente, alcanzando, en la lucha tras ese objetivo, el desarrollo cultural y científico que hoy tiene.

Pero lo chocante y necio se convierte en una peligrosa conspiración en contra de la integridad de la República Dominicana como nación independiente y soberana, así como contra el afianzamiento en ella de un moderno Estado de Derecho y la institucionalidad democrática a favor de la población dominicana, cuando son los jueces que componen la Suprema Corte de Justicia de este país, tribunal que es la máxima autoridad del Poder Judicial, uno de los tres poderes en que se organiza el Estado, quienes apelan a las supersticiones religiosas para sustentar sus sentencias, como ha sucedido con el caso de aquella, evacuada por estos jueces de la Suprema Corte de Justicia presidida por Jorge Subero Isa, declarando legal, legítimo y constitucional el Concordato firmado por el dictador Trujillo con la Iglesia Católica Vaticano, Apostólica y Romana, sentencia evacuada en base al llamado derecho canónico de la Iglesia Católica Apostólica y Romana vaticanista, y, por tanto, en la que se descartó de plano el Derecho positivo, es decir, el establecido por las personas, por la sociedad y que debe obedecer a sus intereses, que ha sido la norma hasta ahora del Derecho en este país; y, en su lugar, aplicar el Derecho divino o natural que está, según se dice, por encima de la voluntad de las personas y la sociedad porque responde a la voluntad de dios; forma de proceder que es un desprecio absoluto por la población, que constituyen las masas del pueblo dominicano, que han logrado arrancarle a las clases explotadoras el reconocimiento, aunque sea formal, de sus derechos como ciudadanos y seres humanos, reconocimiento que es la esencia de lo que se llama democracia. Dicha forma de proceder de los jueces, autoproclamados vitalicios de esta Suprema Corte de Justicia, que es inadmisible a la luz del principio del sometimiento a la Constitución y a su ordenamiento jurídico, que es lo que caracteriza a todo Estado de derecho.

No se trata de un hecho específico y aislado el de la sentencia en relación al Concordato católico. No, los jueces de la Suprema Corte de Justicia, en su proceder antidemocrático y absolutista-despótico, manifiesto ya antes cuando se proclamaron ellos mismos vitalicios, se han enfrascado en la tarea de subordinar el Derecho positivo al Derecho divino o natural en todos los ámbitos que conciernen a la justicia dominicana, lo cual es muy grave, pues estos jueces parapetados en la dirección de uno de los tres poderes del Estado, lo que están es negando el principio constitucional fundamental de la nación dominicana de que el poder del Estado emana del pueblo, a quien corresponde la soberanía nacional, como lo establece la Constitución vigente en su artículo 2, y no de dios o cosas por el estilo, como pretenden imponer, retrotrayendo a la época del salvajismo todo el avance civilizador que la humanidad ha conquistado en este campo hasta la fecha.

Ejemplos espeluznantes de lo que decimos son los dos siguientes: Por un lado, las declaraciones publicadas el día 8 de enero de este año 2009, del Procurador de la Corte de Apelación del Departamento Judicial Este, con asiento en Macorís del Este, funcionario que, si bien está adscrito al Poder Ejecutivo y no es parte de la judicatura, refleja hasta dónde ha llegado la corrupción impuesta al sistema judicial por esta Suprema Corte de Justicia. Se trata del nombrado Ángel René Pérez García, quien dijo, como si la sociedad humana en su conjunto no hubiese superado el salvajismo y la barbarie dando paso a la civilización, que “la sociedad debe libarse del flagelo de la delincuencia y el narcotráfico educando a los niños en la fe en dios”, despreciando olímpicamente el acerbo cultural acumulado por la humanidad que nos dice, que para formar las presentes y futuras generaciones como seres civilizados, corresponde que éstas sean educadas con el criterio de que las relaciones entre los hombres en la sociedad deben ser regidas por el apego a la Constitución y a las leyes, no a la superstición religiosa.

El otro ejemplo es el esperpento, porque de otra manera no se puede llamar a la apología sobre el Derecho natural o divino, publicado en el portal de Internet que tiene la Suprema Corte de Justicia titulada: “La libertad religiosa en la República Dominicana”, y que esta Suprema ha hecho suya para dar justificación a su desaprensiva conducta, apología, que más bien es pura apologética, que no se molesta en, por lo menos, aparentar respeto a la rigurosidad científica, y, mucho menos, en guardar recato alguno, tergiversando y falseando los datos en que se sustenta.

Esta postura de sobreponer el derecho natural o divino al Derecho positivo, de parte de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, quienes ni siquiera pasaron por el escrutinio del sufragio universal para ocupar esas posiciones que pretenden detentar de forma vitalicia, como lo han instituido, equivale, sin duda, a un acto de sedición o golpe de Estado en contra del Estado dominicano mismo, al actuar en contra de lo fijado en la Constitución de la República, al cometer atentado en contra de las conquistas democráticas a favor de la población consagradas en esta Constitución en base al Derecho positivo.

El derecho natural o divino desconoce al pueblo como la fuente de poder del Estado, colocando en su lugar al inexistente dios, de tal forma, que el gobierno que consagra el derecho divino, que es el teocrático, es un régimen intrínsecamente antidemocrático, para imponer el absolutismo y el abuso despótico de quienes se dicen los representantes aquí, en la Tierra, del invento ese llamado dios. En este caso, la Iglesia Católica vaticanista Apostólica y Romana.

La adopción, por la Suprema Corte de Justicia, del derecho natural o divino, lo que busca es darle la legitimidad jurídica que no puede tener la teocracia dentro del sistema republicano que rige en la nación dominicana, pero que nos ha sido impuesta a los dominicanos por la Iglesia Católica vaticano Apostólica y Romana con la vigencia del ilegal, ilegitimo e inconstitucional Concordato y sus aditamentos, el Vicariato Castrense y el Patronato Nacional San Rafael; y con esta “patente de corzo” dada por la Suprema Corte de Justicia, la Iglesia Católica, que es la única beneficiaria de ese leonino contrato, perpetuar en el país el parasitismo sobre el Estado y la población dominicanos, condición parasitaria que acarrea a la población dominicana el incremento crecientes de la pobreza y la miseria en su seno, así como la creciente violación de los más elementales derechos del ciudadano, como lo es el de la vida, tal cual vemos que acontece hoy día en el país, situación que podría ser la antesala de una sangrienta dictadura, si no se le sale al paso y se le da el frente.

 


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